Drama de dos sexagenarios a quienes se les embargó su vivienda

Los esposos Haydeé Belén Huertas y Roberto Salgado Rodríguez nunca imaginaron que a sus 67 y 65 años, respectivamente, perderían la casa en la que vivieron durante las pasadas cuatro décadas, en este municipio.

Específicamente, Belén Huertas y Salgado Rodríguez se vieron obligados a entregar su casa al banco el pasado 22 de abril, después de casi cinco años en los que intentaron sin éxito llegar a un acuerdo económico con la institución, según contaron.

Todo comenzó en 2011, cuando el banco con el que el matrimonio había refinanciado su hipoteca le vendió el préstamo a otra instrucción, transacción que supuestamente no les fue notificada. No fue hasta un año después que supieron del cambio, porque un vecino les llevó una correspondencia que estaba recibiendo por error. En esos 12 meses, Belén Huertas y Salgado Rodríguez no pagaron “porque no sabíamos adonde teníamos que enviar el dinero”.

El proceso con el nuevo banco no rindió frutos. Belén Huertas contó que el tiempo transcurrió con un “constante pedido” de información, un ofrecimiento de modificación de hipoteca y un año en el que hizo pagos, a petición de la institución, de $800 y $600. En 2013, el banco supuestamente quedó en informarles cuál sería “el pago final y exacto” de la hipoteca, pero nunca les dijeron, por lo que no desembolsaron más dinero.

“Así nos tuvieron hasta abril de 2015, cuando recibí una carta del tribunal con la fecha de la subasta. Se presentó un ‘marshal’ diciendo que teníamos que mudarnos. Le pedí tiempo y me dijo que teníamos 15 días para irnos. En ese momento me sentí muy triste, porque era nuestra casa de muchos años, en la que pensaba retirarme”, dijo Belén Huertas, quien insitió en que “siempre estuve dispuesta a pagar”.

Salgado Rodríguez, por su parte, dijo sentirse frustrado y acusó al banco de darles “ilusiones falsas” de que conservarían su casa. “Esa era la casa que iba a dejarle a mi única hija, pero ahora no tengo nada. Volver a empezar, sobre todo a esta edad, no es fácil. Me troncharon la vida”, aseveró, al resaltar que desde el pasado 5 de mayo, viven en una casa alquilada cuya renta mensual es de $600; su hipoteca original era de $495.
( Fuente : El Nuevo Día )

Muchas casas reposeídas y miles en proceso de ejecución en Puerto Rico

Estadísticas de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) confirman que el País tiene un inventario de 8,799 propiedades reposeídas y otro de 19,564 unidades en proceso de ejecución. Revelan, además, que la delincuencia (falta de pago a tiempo) en las hipotecas aumentó de 2% en 2004 a 16.5% en la actualidad.

“Esas son personas que tienen 30, 60, 90 y 120 días de atraso. Cuando se cae en atrasos de 60 días, rara vez se sale del proceso y se sigue migrando a un grupo más severo”, dijo el jefe de la OCIF, Rafael Blanco, al detallar que en enero de 2010, las propiedades en proceso de ejecución sumaban 14,990, es decir, 4,574 menos que hoy día.
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En promedio, unas mil propiedades entran mensualmente al proceso de ejecución, cuyo inventario tenía un valor de $2,583 millones al 31 de marzo pasado. Para esa misma fecha, el inventario de propiedades reposeídas tenía un valor de $907 millones, según la OCIF, siendo viviendas la mayoría de ellas.

En términos del impacto de este problema, José Acarón, presidente de AARP Puerto Rico, comentó que las casas reposeídas son “cicatrices” en las comunidades, pues no solo evocan tiempos difíciles para las familias, sino que se prestan para vandalismo y convertirse en hospitalillos o puntos de drogas debido a la falta de mantenimiento.
( Fuente : El Nuevo Día )

Acción legal contra el DTOP por gravar autos sin previa notificación judicial

Tres abogados presentaron ayer una demanda contra el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para frenar el alegado patrón de imponer gravámenes a vehículos para que agencias de cobro privadas puedan recuperar deudas echadas a pérdida.

Uno de los letrados que suscribieron la demanda, Hiram Torres Montalvo, explicó en declaraciones escritas cómo esas firmas se las ingenian para que el DTOP los ayude “de manera ilegal” a cobrar deudas añejas, aunque no estén ligadas a un préstamo o arrendamiento de auto.

“Digamos que usted dejó de pagar un préstamo personal o una tarjeta de crédito hace varios años porque se quedó sin empleo o tenía problemas económicos. Su banco le dañó el crédito y colocó la cuenta en pérdida. Usted por lo general se olvida del asunto y no hace más nada al respecto. Años más tarde comienza a recibir cartas de una empresa de cobro de dinero, la cual le compró su deuda al banco por varios centavos al dólar”, ofreció como ejemplo Torres Montalvo.

“Estas empresas acuden al tribunal, que emite órdenes de recobro. Luego la agencia acude al DTOP para que, de manera ilegal, anoten estos gravámenes sobre los vehículos de las personas. De esta manera, la agencia de cobro se asegura que usted tenga que transar con ellos a sus términos”, añadió sobre la situación que impide a los afectados poder renovar su marbete.

Según Torres Montalvo, las empresas Operating Partners, Midland y Legal Auto, entre otras, han acosado a cientos de ciudadanos al privarlos de su principal medio de transporte sin que un juez haya emitido orden alguna.

El abogado, quien impulsó con éxito la lucha contra el desaparecido sistema de fotomultas a principios de año, aseguró contar con “decenas” de casos de ciudadanos perjudicados por la práctica.

“Hay alguien en la oficinas regionales del DTOP que se está prestando para anotar los gravámenes como si se tratara de un caso judicial, pero la realidad es que no existe una orden de un juez a los efectos de ordenar el gravamen”, denunció.

“Cuando el ciudadano afectado no recibe su licencia, se comunica y es ahí que se entera de la situación. En DTOP le indican que no puede renovar su marbete hasta que se comunique con la agencia de cobro, la cual espera hasta ese momento para obligar al ciudadano al establecer algún acuerdo de pago o, de lo contrario, no puede volver a usar su carro”, sostuvo.

Por su parte, el licenciado Steven Batista exigió respuestas por parte del secretario de Transportación, Miguel Torres Díaz, ante lo que catalogó como un “abuso constitucional sin precedentes”.
( Fuente : El Nuevo Día )